Crean Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para proteger los derechos de niños y adolescentes en México
La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ha sido una prioridad en México, especialmente en cuanto a las obligaciones alimenticias de los padres. Sin embargo, hay casos en los que los padres incumplen con sus obligaciones y prefieren no pagar la pensión alimenticia. Para abordar esta problemática, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
El objetivo del Registro es recopilar información sobre deudores y acreedores de obligaciones de pensión alimenticia para proteger los derechos de los niños y adolescentes. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) supervisará el Registro y obtendrá información actualizada de los Tribunales Supremos de Justicia de los estados y de la Ciudad de México.
Aunque algunos han argumentado que el Registro viola derechos fundamentales como la privacidad y el derecho al trabajo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado su constitucionalidad. Además, se ha publicado un instrumento que sancionará a los morosos dejándolos sin licencia, credencial para votar, pasaporte, entre otros, hasta que regularicen los adeudos con sus hijos e hijas.
La senadora y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, ha señalado que el Registro no busca sancionar, sino ponerle «dientes» a la ley para que los padres cumplan con sus obligaciones. El Registro también prevé medidas de restricción migratoria para evitar que los deudores salgan del país, y por primera vez los morosos perderán derechos que nunca han perdido.
A pesar de las preocupaciones sobre la privacidad y el derecho al trabajo, los tribunales han reconocido que los derechos de los niños y adolescentes a recibir apoyo financiero de sus padres son primordiales. La temida lista en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias tendrá un año para armonizarse en todo el país, y se espera que ayude a proteger los derechos de los niños y adolescentes en México.
