El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, ha emitido un comunicado para deslindarse de las irregularidades en la asignación de contratos millonarios que beneficiaron a empresas con más de 147 millones de pesos en los últimos cuatro años. Esta declaración surge como respuesta a un reportaje publicado por EL UNIVERSAL el pasado jueves, en el cual se revelaba cómo el Consejo otorgó contratos millonarios a la empresa Gestión del Agua Medio Ambiente (GAMA) a través de 10 Centros Públicos de Investigación (CPIs), mediante adjudicaciones directas o simulación de competencia en licitaciones.
En el comunicado emitido por el Conahcyt, se argumenta que los Centros Públicos de Investigación gozan de autonomía técnica y de gestión, por lo que no es competencia ni responsabilidad del Consejo responder a estas anomalías. Además, se critica la insinuación de que las oficinas centrales del Conahcyt estuvieran involucradas en las irregularidades, señalando que esto refleja una visión centralista en el ejercicio de la administración pública que el gobierno de transformación actual ha modificado radicalmente.
El reportaje de EL UNIVERSAL reveló cómo la empresa GAMA comenzó a ganar contratos a partir de 2019, luego de que Álvarez-Buylla colocara a personal de confianza al frente de los CPIs. Por ejemplo, en el caso del Centro de Investigación Científica de Yucatán, poco tiempo después de solicitar la renuncia de la entonces directora, Beatriz Xoconostle, GAMA obtuvo un contrato por más de 6 millones de pesos. Situaciones similares ocurrieron en el CIDE tras la designación de José Romero Tellaeche.
Aunque los CPIs son organismos paraestatales, están sectorizados y coordinados por el Conahcyt. Ante las irregularidades documentadas, EL UNIVERSAL buscó la posición de la institución, cuestionando sobre la falta de experiencia de la empresa GAMA para prestar servicios de reclutamiento en contratos millonarios, la simulación de competencia con su compañía hermana, Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, con la cual comparte representantes legales, domicilio fiscal y hasta número telefónico, así como las razones detrás de las adjudicaciones directas para servicios en los cuales la empresa no estaba debidamente registrada. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta por parte del Conahcyt.
Estas revelaciones generan inquietud sobre la transparencia y la correcta asignación de recursos en el ámbito de la investigación y la ciencia en el país. Queda pendiente conocer las acciones que tomará el Conahcyt para esclarecer las irregularidades y garantizar la integridad en los procesos de contratación, así como la rendición de cuentas correspondiente. La sociedad espera que las instituciones encargadas de promover el desarrollo científico y tecnológico actúen con responsabilidad y en apego al Estado de derecho, priorizando el bienestar y el avance del conocimiento en beneficio de la sociedad.
