Suprema Corte ordena separación de funcionarios por incumplir con la devolución de joyas aseguradas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la separación de dos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) por incumplir una sentencia de juicio de amparo. Los implicados, un ministerio público y su jefa, encargada de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, han sido señalados por no cumplir de manera injustificada la sentencia que concedió el amparo, lo cual resulta en una desobediencia que será juzgada y sancionada.
La SCJN ha informado que los funcionarios no cumplieron con los requerimientos para devolver joyería valuada en más de 200 millones de pesos. Entre las irregularidades señaladas, se encuentra la falta de atención a la orden de llevar a cabo diligencias probatorias solicitadas por tres ciudadanos que buscaban acreditar la propiedad y obtener la devolución de los bienes asegurados.
Además, las autoridades responsables no informaron al juez de amparo sobre la entrega de los bienes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. La Suprema Corte ha dejado claro que el amparo debe materializarse para proteger a los ciudadanos, ya que es un asunto de orden público e interés general.
Las personas que ocupen los cargos de los funcionarios separados tendrán un plazo de 10 días hábiles para informar sobre las acciones que realizarán para dar cumplimiento a la sentencia mencionada.
Este caso se remonta a 2014, cuando elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron más de 4 mil joyas y diamantes al presunto contrabandista Apel Çelik. Sin embargo, los ciudadanos Érika Paola Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián José Betancourt Turriza presentaron reclamaciones legales sobre la posesión de las joyas.
A lo largo de los años, la Procuraduría y ahora la Fiscalía se resistieron a entregar las joyas y documentar su destino. Se dice que los diamantes estaban resguardados en una bóveda de la fiscalía, pero presuntamente fueron entregados al gobierno en algún momento para una subasta, después de haber sido declarados como «abandonados».
La decisión de la Suprema Corte refuerza la importancia del cumplimiento de las sentencias judiciales y destaca la necesidad de garantizar la transparencia y la justicia en el sistema judicial. El incumplimiento de una sentencia de amparo no solo afecta a los ciudadanos involucrados en el caso, sino que también socava la confianza en el sistema de justicia del país.
