Para abordar el tema de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, es necesario entender cómo nace este conflicto. El problema surge de la lucha entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Recordemos que el Artículo 49 constitucional nos habla de la división de los poderes en México, y ese es uno de los principios fundamentales de la democracia en nuestro país. Partiendo de este principio, el sexenio del presidente Andrés Manuel se ha distinguido por no ser muy tolerante con las instituciones que no están en la misma línea que el ejecutivo, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE), así como el poco presupuesto que se ha destinado al sistema nacional anticorrupción y los esfuerzos más recientes del poder judicial de la Federación. Esto deja en claro que para el presidente, las instituciones de contrapeso le resultan incómodas.
El Poder Judicial de la Federación se ha convertido en un contrapeso que el presidente López Obrador no ha logrado resolver. Ahora podemos observar un mensaje siciliano dirigido a los ministros de la Suprema Corte, no solo con la extinción de los 13 fideicomisos, sino también con el recorte presupuestal del 30% proyectado para el poder judicial en el próximo año. Lo curioso es que, dentro de la justificación de la iniciativa promovida por el diputado Ignacio Mier, se habla de la opacidad y los largos tiempos de resolución que tienen los funcionarios del poder judicial. Habrá que ver si el recorte presupuestal se promueve con el objetivo de mejorar esos tiempos, aunque estoy seguro de que empeorarán con menos personal.
Sin embargo, para Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum o Ignacio Mier, resulta muy fácil hablar sin constatar la alta carga de trabajo que tiene el poder judicial. Espero que ninguno de ellos se vea jamás en la situación de tener que resolver una resolución judicial, ya que es evidente que su lógica jurídica es nula.
Ahora bien, hablando de lógica jurídica, entendamos qué son los fideicomisos. Estos son contratos mediante los cuales un ente público administra valores económicos con el fin de su desarrollo y crecimiento. Son aportaciones voluntarias que realizan los trabajadores mediante retenciones en su sueldo, y se administran a través de bancos, cuentas de ahorro e inversión para que los empleados puedan disponer de ciertas gestiones particulares. La gran crítica a los fideicomisos del poder judicial es que estos se utilizan de manera discrecional, pero esto no significa que sea ilegal, ya que la Constitución así lo prevé.
Es importante comprender que estos fideicomisos se utilizan en parte para mejorar las pensiones, la infraestructura de los inmuebles del poder judicial, proporcionar una cobertura médica cuando el seguro no cubre ciertos aspectos médicos y, ciertamente, para ofrecer algunos privilegios a ciertos mandos de nivel medio y alto. Sin embargo, es fundamental entender que parte de la falsedad que los miembros de Morena afirman es que no se afectará a la base laboral del poder judicial. Y eso es una gran mentira.
Otra mentira es que los fideicomisos no sean transparentes. El Poder Judicial tenía un total de casi 15 mil millones de pesos, mientras que la Secretaría de la Defensa ostenta casi 100 mil millones de pesos y son mucho más discrecionales que los del Poder Judicial. La iniciativa de ley plantea que estos fideicomisos son ilegales porque no aparecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, pero la aportación de estas cuotas está transparentada en el informe de egresos del Poder Judicial y está claramente justificada de manera trimestral y de forma legal.
Se habla de una ‘austeridad republicana’ con el fin de llevar a cabo una transformación nacional que se vicia al debilitar a las instituciones de nuestro país. Esto promueve el control del presidente, el centralismo del poder y la perpetuidad del partido en el poder. Hay que entender que han centrado esa famosa austeridad en políticas y programas asistencialistas que dejan entrever la falta de visión y proyecto a una política de crecimiento a largo plazo. En lugar de esto, se debería centrar en capacitar a los funcionarios para buscar un mejor desarrollo y resultados de mayor calidad.
Deberíamos enfocar los esfuerzos en el servicio de carrera profesional y dirigir el aparato estatal hacia la capacitación de los funcionarios y la profesionalización de los cuadros, lo que permitiría reducir los vicios en el ejercicio de las funciones de la burocracia.
Vamos concluyendo. Esta es una pelea que el presidente Obrador ganará, ya que nuevamente tiene la narrativa de la discusión. En este momento, el movimiento de defensa de la autonomía y soberanía es una lucha social en la que el poder judicial es la víctima. Sin embargo, habrá amparos defendiendo los fideicomisos, y entonces el poder judicial se volverá juez y parte, será el poder judicial resolviendo sobre sus propios privilegios, lo que permitirá a Andrés Manuel tacharlos de corruptos y oportunistas. Esto los orillará al famoso ‘plan C’, que ya está promoviendo Claudia Sheinbaum, en el cual buscarán que jueces, magistrados y ministros se elijan mediante voto popular.
Esta es una pésima idea, ya que democratizar el poder judicial sería uno de los peores errores. Debemos resolver muchas cuestiones en la designación de jueces, magistrados y ministros, pero el voto popular no es una de esas soluciones.
Evidentemente, no todo es defender al poder judicial. En su práctica, existen muchos vicios, corrupción, malos manejos, opacidad, lentitud y varias cuestiones más. No obstante, también es importante destacar las cosas buenas, como el crecimiento del poder judicial, la capacitación de sus funcionarios, la labor de la defensoría pública y la colegiación de la profesión jurídica.
Aunque hay mucho camino por recorrer, definitivamente estamos tomando un rumbo equivocado que afectará a más de 50 mil trabajadores del poder judicial y sus familias.
