Opinión: El Cártel del Despojo en Puebla, simulaciones que alcanzan los delitos.
Puebla enfrenta una grave vulneración del Estado de Derecho por la actuación de lo que se conoce ya como el “Cártel del Despojo” o “Cártel Inmobiliario”. Este fenómeno ha trascendido el ámbito del fraude aislado para convertirse en una red organizada con respaldo institucional.
En julio de 2025, alrededor de siete familias de la colonia Gobernadores, en San Andrés Cholula, fueron desalojadas por medio de un juicio mercantil simulado. Aunque acreditaban propiedad sobre sus viviendas, un juez de Oaxaca —Paulino Coronel Díaz— emitió una resolución que usó terrenos habitados como garantía para saldar una deuda no vinculada a los afectados. Esto derivó en desalojos violentos e injustificados.
En junio de 2025, Puebla registró 784 carpetas de investigación por despojo, lo que equivale a una denuncia cada seis horas, y un aumento del 27.4 % respecto al primer semestre de 2024.
La gravedad del fenómeno fue reconocida públicamente por el gobernador Alejandro Armenta, quien calificó a sus responsables como “delincuentes de cuello blanco” con vínculos nacionales, infiltrados en el Poder Judicial y la administración pública poblana.
El coordinador de gabinete, José Luis García Parra, confirmó que los involucrados incluyen jueces, magistrados, registradores, notarios y ex funcionarios públicos, operando en múltiples municipios de Puebla desde hace años. Incluso, se detuvo a un registrador de Teziutlán por presunto cohecho.
Ante esta red de corrupción, el gobierno local anunció una reforma urgente al Código Penal del Estado, orientada a penalizar la suplantación de funciones públicas, el uso de documentos apócrifos y la colusión de fedatarios públicos y jueces civiles.
Además, respecto al caso de las siete familias de San Andrés Cholula, ya se presentó una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado y se les ofrece asesoría legal, aunque —a decir de los afectados— la solución judicial aún es incierta.
Este fenómeno no es un episodio aislado: es parte de un déficit sistémico donde la corrupción pervierte los canales jurídicos, transforma documentos notariales en armas y convierte juzgados en instrumentos de despojo.
Una reforma penal es un paso necesario, pero no suficiente: se requieren mecanismos de transparencia en notarías, registros y juzgados; investigaciones independientes, imparciales y con rendición de cuentas; así como mecanismos efectivos de reparación, incluyendo suspensiones inmediatas en casos denunciados y protección legal a las víctimas.
La ley no puede seguir siendo cómplice: su función debe ser restaurar, no despojar.
