Tribunal Supremo de EE.UU. desestima demanda republicana contra la política migratoria de Biden
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desestimado una demanda presentada por fiscales republicanos de Texas y Luisiana contra el presidente Joe Biden por su política migratoria que permite priorizar la deportación de ciudadanos en función de si representan una amenaza para la seguridad pública. Con una votación de 8 contra 1, los jueces han rechazado la demanda que buscaba detener la implementación de la guía de prioridades de la Administración de Biden, que insta a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a enfocar sus esfuerzos en la detención de inmigrantes considerados peligrosos para la seguridad del país.
Según el máximo tribunal de EE.UU., los estados no tienen legitimación para presentar la demanda. Esta decisión podría sentar un precedente sobre cuándo un estado puede impugnar una política federal.
Texas y Luisiana habían demandado las políticas de deportación de Biden, emitidas en febrero de 2021, que instruían a la agencia encargada de aplicar las leyes migratorias a dar prioridad en el arresto y deportación de inmigrantes que fueran considerados una amenaza para la seguridad nacional, aquellos que hubieran cruzado recientemente la frontera de manera irregular o aquellos que hubieran cometido delitos graves.
Los estados demandantes argumentaban que la directriz era ilegal ya que, por ley, el servicio de ICE tenía la obligación de detener a todos los migrantes indocumentados que hubieran cometido delitos o tuvieran órdenes finales de deportación.
El fallo dado a conocer hoy, redactado por el juez conservador Brett Kavanaugh, sostiene que los demandantes no tienen capacidad legal para impugnar el plan y califica la demanda como «extraordinariamente inusual» debido a que buscaba «ordenar al poder ejecutivo que modifique sus políticas de arresto para realizar más detenciones». Además, señala que los tribunales federales generalmente no tratan este tipo de casos, ya que existen «otros foros abiertos» para que los estados expresen sus preocupaciones.
Después de que Biden promulgara esta regulación, que establece normas diferentes a las dictadas por su predecesor Donald Trump (2017-2021), Texas y Luisiana impugnaron de inmediato el plan en los tribunales, argumentando que la normativa federal de inmigración requería que ciertos inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos con condenas por delitos graves, tráfico de personas y delitos relacionados con armas, fueran detenidos después de ser liberados de la custodia penal. Según los estados, la política de Biden, que exigía una evaluación individual de si un inmigrante representaba una amenaza para la seguridad pública o nacional mientras se iniciaba el proceso de deportación, desafiaba ese requisito.
En el último año, varios estados con gobiernos republicanos han llevado ante la justicia diferentes medidas implementadas por el Gobierno de Biden, siendo la más reciente la política de cancelación de la deuda estudiantil.
A pesar de esta decisión del Tribunal Supremo, la lucha y los debates en torno a la política migratoria de Estados Unidos seguramente continuarán, ya que es un tema que genera divisiones y opiniones encontradas en el país.
