CNDH acredita ejecución extrajudicial por militares en Nuevo Laredo y exige acción
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha acreditado en su recomendación 119VG/2023 que miembros de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo. Además, señala que los perpetradores no han enfrentado una investigación adecuada por parte de las autoridades correspondientes.
El informe publicado el pasado sábado revela que los militares involucrados en el incidente privaron arbitrariamente de la vida a los civiles, utilizando armas de fuego bajo el pretexto del uso legítimo de la fuerza. Esta acción traspasó múltiples límites de los derechos humanos de las víctimas, dejándolas en un estado de indefensión y generando un claro menoscabo de su derecho a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad, así como a la vida.
La CNDH también destacó que las víctimas estaban completamente sometidas y esposadas, sin ningún acceso a un arma en el momento en que fueron ejecutadas por los militares. Esta situación evidencia un uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de la Sedena.
El informe también subraya la falta de una adecuada procuración de justicia y una investigación efectiva en el caso, lo que resulta en una vulneración del derecho a una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
Como respuesta a esta situación, la CNDH exige que la Sedena emprenda acciones concretas, incluyendo una reparación del daño a las víctimas y la provisión continua y gratuita de atención médica, psicológica y tanatológica para ellas y sus familias.
Además, la Sedena deberá colaborar activamente con la Fiscalía General de la República (FGR) para avanzar en la integración de la carpeta de investigación contra los militares y su enjuiciamiento conforme al fuero militar.
La recomendación también establece la necesidad de que la Sedena diseñe un plan de acción integral que incluya capacitación sobre el uso de la fuerza de acuerdo con el manual y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. A su vez, la FGR debe comprometerse a colaborar plenamente con la investigación.
