El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá la responsabilidad de definir la legalidad de la primera parte del Plan B electoral, luego de una sesión «violatoria al procedimiento legislativo» que ha sido propuesta por el ministro Alberto Pérez Dayán para ser invalidada.
Durante la sesión en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), los legisladores de oposición expresaron su desacuerdo con las iniciativas de reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentadas por el grupo parlamentario de Morena, ya que estas no correspondían a las enviadas por el presidente López Obrador.
La diputada morenista Graciela Sánchez Ortiz destacó la importancia de estas iniciativas para México, pero el ministro Pérez Dayán concluyó que su aprobación se llevó a cabo «en transgresión al principio de deliberación democrática» y «sin observar las reglas del procedimiento legislativo».
El agandalle legislativo empezó con la aprobación del orden del día para una segunda sesión semipresencial de la Jucopo en la que, solamente se verían las iniciativas de reformas de ley conocidas como Plan B electoral, con el rechazo de la oposición.
La sesión inició a las 10 de la noche y, en poco tiempo, se anunció que se recibieron del presidente López Obrador las iniciativas, las cuales se turnaron a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Transparencia y Anticorrupción para su dictamen. Casi una hora después se reanudó la sesión con la participación de la diputada Sánchez Ortiz, quien pidió que estas iniciativas presidenciales se trataran como de urgente y obvia resolución, a fin de que fueran votadas en el Pleno.
Esto implicó una segunda violación al procedimiento legislativo, según el ministro Pérez Dayán, quien concluyó que «la tramitación como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados (…) impidió su conocimiento, la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo».
Ahora, el Pleno de la SCJN deberá decidir si la primera parte del Plan B electoral es legal o no, en una decisión que requerirá el aval de ocho de los 11 integrantes. La responsabilidad recae en ellos para garantizar que se respeten los procedimientos legislativos y se promueva la deliberación democrática en el país.
