Carmen Sánchez, de 39 años, residente de Ixtapaluca, Estado de México, ha pasado de ser víctima a activista para asegurarse de que lo que tuvo que vivir no se repita. En febrero de 2014, su expareja y padre de sus hijos, Efrén García, le lanzó ácido en el rostro y en el pecho. Sánchez ya lo había denunciado anteriormente por sustracción de menores, violencia sexual y familiar. Un año antes del ataque con corrosivo, él la apuñaló cuatro veces. Ahora, García ha sido sentenciado a 46 años y ocho meses de cárcel por tentativa de feminicidio. Esta sentencia es histórica, siendo la primera en América Latina que sanciona de manera ejemplar este tipo de ataques.
La contundencia de la justicia ha sorprendido a Sánchez, quien estaba cansada de lidiar durante nueve años con un sistema judicial «corrompido por el machismo». En una conversación telefónica con este diario, ella dice: «Mi agresor estuvo libre siete años. Y dos años esperando una sentencia. ¿Puedes imaginar saber que puedes encontrártelo en la calle y que esta vez podría llegar a matarte?». Según la Fundación Carmen Sánchez, creada por ella misma en 2021 junto a la activista Ximena Canseco, más del 90% de los casos de estos ataques quedan impunes. «Nuestros agresores intentan acabar con nuestras vidas, no son simples lesiones. Y cuando hemos denunciado esto ha quedado impune durante años», señala. Aunque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ha sido recibida con cautela, ya que su expareja aún puede apelar la sentencia.
Carmen Sánchez se queja de que las leyes históricamente se han mantenido «impávidas» ante los ataques hacia las mujeres, y pone un ejemplo: usar ácido para alterar una moneda metálica se castiga con hasta 12 años de cárcel en México, pero un ataque que deje una cicatriz permanente en el rostro se penaliza con un máximo de seis años de prisión, de acuerdo con el actual Código Penal.
La lucha de la activista mexicana hasta lograr esta sentencia histórica ha sido una batalla política y judicial ardua para que su agresor fuera detenido, ya que fue arrestado siete años después del ataque, y para cambiar la clasificación de los ataques con ácido, para que no sean considerados solo como delitos de lesiones, como sucede en la mayoría del país, sino como intentos de feminicidio. El objetivo está más cerca desde marzo, gracias a una modificación al Código Penal nacional (pendiente de tramitación en el Senado) que eleva las penas hasta 15 años de cárcel. Además, incluye una de las principales demandas de la Fundación Carmen Sánchez: el acceso de las víctimas a cirugías reconstructivas.
