La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha confirmado que intercambió mensajes por WhatsApp con el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta Mier, quien la acusó de amenazarlo. En una carta hecha pública este jueves, la ministra afirmó que sostiene en público lo que expresó en la comunicación privada con el senador Armenta Mier.
La ministra Piña Hernández hizo esta aclaración por respeto a quienes le han manifestado su apoyo, así como por respeto a sus colegas y a su familia. «No quiero que mi silencio deje lugar a dudas», expresó. Sin embargo, también expresó su indignación por las expresiones del legislador sobre «datos inexactos» y contra la labor de quienes integran el Poder Judicial de la Federación.
«Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza», agregó Piña Hernández. La titular del Poder Judicial de la Federación aseguró que la honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que los mexicanos exigen.
Alejandro Armenta, senador de Morena, denunció que la noche del martes 16 de mayo comenzó a recibir mensajes en WhatsApp «presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte», Norma Lucía Piña. Durante la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente el 17 de mayo, Armenta describió que una persona a nombre de Francisco Tapia, supuesto asesor de la ministra Piña, se puso en contacto con su secretaria.
El legislador informó que envió un escrito a la Corte y a la ministra Piña para verificar los mensajes que recibió. «Recibí mensajes a las nueve con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal», declaró Armenta.
Este intercambio de mensajes y las acusaciones de amenazas han generado controversia en el ámbito político y judicial de México. Se espera que las autoridades correspondientes investiguen el caso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, salvaguardando así la integridad y el correcto funcionamiento de las instituciones del país.
