En medio de una controversia política y económica, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha anunciado una iniciativa de reforma que busca recortar más de 20 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, a través de la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos. Esta propuesta, presentada por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, plantea la expedición de una ley orgánica del Poder Judicial en materia de fondos y fideicomisos.
La iniciativa de reforma ha desatado un intenso debate sobre la austeridad en el Poder Judicial y su impacto en el sistema de justicia en México. En su exposición de motivos, Ignacio Mier argumenta que México se encuentra en un proceso de «refundación institucional» y que, en este contexto, la austeridad es esencial para mejorar el sistema judicial. Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación y cuestionamientos sobre si se trata realmente de austeridad o de un recorte drástico que podría afectar la independencia y eficacia del Poder Judicial.
Entre los puntos más destacados de la iniciativa se encuentra la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, dejando únicamente vigente el «Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia» del Consejo de la Judicatura Federal. Esto implica que los 19 mil 789 millones de pesos que se encuentran en los 13 fideicomisos extintos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
La propuesta también expone una serie de beneficios y prestaciones que los ministros del Poder Judicial reciben, incluyendo sueldos, aguinaldos, primas vacacionales, gastos de alimentación y diversos seguros. Estos datos han generado un debate público sobre los niveles de remuneración y prestaciones de los miembros del Poder Judicial.
Por otro lado, existe una preocupación relevante sobre el impacto que este recorte presupuestal tendría en el Poder Judicial. Según un análisis realizado, la reducción propuesta de 25 mil millones de pesos llevaría a un retroceso de ocho años en términos presupuestales. Esto implicaría la desaparición de un gran número de juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito en todo el país, lo que podría afectar la capacidad de impartir justicia de manera eficaz.
