Tribunal de apelación excluye pruebas financieras de Brasil y Suiza en el caso de Emilio Lozoya
En un giro sorprendente del proceso judicial que sigue al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, un tribunal de apelación ha confirmado la exclusión de todas las pruebas financieras presentadas por Brasil y Suiza, así como los testimonios de ex directivos de la constructora Odebrecht.
La resolución, de la cual La Jornada obtuvo una copia, señala que la «información bancaria remitida por la Confederación Suiza, obtenida vía asistencia jurídica internacional el 20 de septiembre de 2018 y su respectiva traducción contenida en el oficio de folio 35449, del 6 de noviembre de 2018, que contiene el dictamen en materia de traducción es parcialmente excluida».
Además, se determinó que deben eliminarse como parte del juicio los «comprobantes bancarios de las transferencias de recursos de las offshore de Odebrecht a las empresas Latin America Asia Capital Holding y Zacapan SA, obtenidos mediante solicitud de asistencia jurídica internacional y remitida por el ministerio de justicia de la República Federativa de Brasil».
Esta decisión del tribunal de apelación supone un revés en el caso de Emilio Lozoya Austin, quien es el único acusado en México de haber recibido directamente sobornos de la constructora Odebrecht, por un monto de 10.5 millones de dólares, a cambio de acuerdos para celebrar contratos.
Actualmente, Lozoya Austin se encuentra bajo proceso penal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, y permanece detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Durante las etapas procesales, su defensa impugnó más de 30 pruebas con las cuales se pretendía demostrar su responsabilidad en los delitos imputados.
La argumentación central de la defensa se centró en que estas pruebas fueron obtenidas ilegalmente. En este contexto, el tribunal de apelación ha resuelto que, aunque los medios probatorios presentados por el Ministerio Público Federal contenían información bancaria que requería una orden judicial previa para su obtención, la prohibición constitucional sobre este tema no distingue entre información obtenida a nivel nacional o internacional. Lo crucial, según el tribunal, es si se cumplen los requisitos establecidos por el derecho interno mexicano para su admisión en un proceso judicial.
