El Pleno del Congreso del Estado ha aprobado por unanimidad importantes reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado con el objetivo de evitar que personas con antecedentes de violencia política de género, violencia familiar o deudores alimentarios ocupen cargos en el servicio público de los Poderes del Estado.
El dictamen aprobado establece claramente que aquellas personas que hayan sido sentenciadas por la comisión intencional de delitos como violencia familiar, violencia doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otros, no podrán registrarse como candidatas para cargos de elección popular ni ser nombradas para empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Asimismo, se incluye la prohibición para aquellos declarados como deudores alimentarios morosos.
Durante la sesión, la diputada Eliana Angélica Cervantes González enfatizó la importancia de estas reformas al afirmar que el Poder Legislativo está saldando una deuda histórica con las mujeres de la entidad. Estas medidas representan un paso significativo hacia la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito político.
Las diputadas Daniela Mier Bañuelos y Yolanda Gámez Mendoza expresaron su apoyo al dictamen y reconocieron el esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso para establecer mecanismos efectivos en favor de la igualdad y la justicia.
Con estas reformas, el Estado demuestra su compromiso en la lucha por la igualdad de género y se establece un precedente importante en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito político. Se espera que estas medidas impulsen una mayor participación de las mujeres en la vida política y contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
