La Presidencia de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de queja para que se revise la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de instalar poco más de 51,000 casillas en lugar de 161,000 como establece la Ley Federal de Revocación de Mandato en la próxima consulta a realizarse el día 10 de abril con el objetivo de que la ciudadanía decida sobre la permanencia o no en el cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según el recurso presentado a través de la Consejería Jurídica de la presidencia, el Instituto Nacional Electoral incumplió con lo mandatado por la Corte que le ordenó realizar el ejercicio de democracia directa “tanto como lo permita el presupuesto programado”.
“Si bien el ministro instructor modificó la suspensión para que el proceso de revocación de mandato se ejecutara de una manera más eficiente por parte del INE, con el presupuesto ya programado, ello no puede verse traducido en la disminución del número de casillas, ya que implicaría la afectación al derecho a la participación política de los ciudadanos”, informa el recurso.
El INE ha dejado claro que avanza en tiempo y forma en ese ejercicio, de acuerdo con los recursos con que cuenta para este fin, debido a que la Cámara de Diputados no otorgó los recursos suficientes para organizar ese primer ejercicio de democracia directa con las condiciones que dicta la ley.
Según la disponibilidad presupuestal se prevé la instalación de un poco más de 57,000 casillas en todo el territorio nacional, con lo que el Instituto garantiza que cada ciudadana o ciudadano inscrito en la Lista Nominal tendrá una papeleta esperándolo en la casilla correspondiente cerca de su domicilio donde viva”, indicó en su momento el INE.
En relación a lo anterior, el ministro González Alcántara Carranca otorgó al INE un plazo de 15 días (a partir del pasado 23 de marzo) para que informe sobre la forma en que se ha organizado el ejercicio de revocación de mandato y las razones por las que determinó instalar menos casillas.
“Precisando los actos que ha llevado a cabo para cumplir con la medida cautelar decretada apercibido que, de no hacerlo, se presumirán ciertos los hechos que se le atribuyen y se le impondrá una multa de 10 a 180 días de salario”, señala el acuerdo.
