Fundador del Cártel de Sinaloa envía carta a AMLO denunciando corrupción en prisión
Jesús Héctor Palma Salazar, conocido como el fundador del Cártel de Sinaloa, ha enviado tres cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador, en las cuales denuncia ser víctima de corrupción dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 1 «El Altiplano». Una de estas cartas, en manos de la revista Proceso, revela los detalles de su situación.
La misiva, compuesta por cuatro páginas escritas de puño y letra por Palma Salazar, lleva el sello de recibido de «Presidencia de la República. Atención Ciudadana» y está fechada el 17 de noviembre de 2022. En la carta, Palma Salazar explica al presidente que recurre a él debido a sus declaraciones previas de que en prisión se encuentran «aquellos que no tienen dinero para comprar su libertad».
Además, Palma Salazar recuerda al presidente que ha hecho hincapié en que en su gobierno no hay corrupción. Sin embargo, el exlíder del cártel afirma ser víctima de la misma corrupción que el presidente se ha comprometido a combatir y erradicar. Detalla que funcionarios de «diferentes instituciones» le solicitaron una suma exorbitante a cambio de su libertad e incluso visitaron a su familia en Sinaloa para exigirles el dinero.
En la carta, conocido como «El Güero» Palma, relata sus 27 años de prisión, en los cuales ha perdido tanto su salud como seres queridos, además de haber sido sometido a torturas. Palma Salazar formula seis preguntas al presidente AMLO, destacando las siguientes: «¿No son suficientes los años de cárcel que he vivido para pagar los errores cometidos en el pasado?»; «¿El sistema de reinserción social en nuestro país no funciona?»; «¿Prevalece el instinto corruptor de un grupo de funcionarios públicos?».
Asimismo, Palma reitera que no existe ningún delito, como intentan hacerlo parecer, fabricando acusaciones falsas en su contra con el fin de obtener dinero que no posee, delitos que no ha cometido y por los cuales no debería pagar.
El fundador del Cártel de Sinaloa concluye su carta señalando que los extorsionadores son funcionarios activos de la Fiscalía General de la República y espera que su queja sea atendida.
Estas acusaciones de extorsión plasmadas en la carta también fueron hechas públicas ante un juez durante una audiencia que originalmente estaba programada para el 10 de mayo y que ha sido pospuesta hasta el 1 de junio. El caso ha generado gran atención y plantea interrogantes sobre la situación en las cárceles mexicanas y la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario del país.
