El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ha emitido un contundente veredicto en relación con el controvertido proyecto del Tren Maya en México. En su sentencia, el tribunal concluyó que el Estado Mexicano ha cometido el crimen de ecocidio y etnocidio al violar los Derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblo Maya.
El tribunal también declaró que se vulneraron los Derechos de la Madre Tierra, los cuales incluyen el derecho a la vida, a existir, a ser respetada, a la regeneración de su biocapacidad y a continuar sus ciclos y procesos vitales sin alteraciones humanas, al agua, a la salud y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos. Estos derechos están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, un marco que busca proteger y preservar el equilibrio ecológico y la biodiversidad del planeta.
Como medidas de reparación, el tribunal ordenó la realización de una auditoría independiente, en colaboración con las comunidades afectadas, para evaluar los impactos del Tren Maya en el medio ambiente y la cultura de la región. Además, se exige la reparación y restauración de los ecosistemas afectados por las construcciones, así como la suspensión de las mismas.
El veredicto también hace un llamado a reformas constitucionales a nivel federal para reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos y a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público, lo que implica un importante reconocimiento de la relación ancestral y respetuosa que tienen con el medio ambiente.
El caso del Tren Maya atrajo la atención del tribunal después de que la asamblea del territorio Maya en Yucatán, junto con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, solicitara su intervención en junio de 2022. A raíz de ello, el tribunal analizó el caso y convocó a audiencias y visitas en la región para escuchar las voces de las comunidades indígenas y los especialistas locales.
El Tren Maya, un megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de controversia desde su inicio debido a los posibles impactos negativos en los derechos humanos de los pueblos indígenas y el medioambiente de la zona. Con una ruta de mil 554 kilómetros de vía férrea que atraviesa los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el proyecto busca potenciar el desarrollo en el sureste mexicano.
