El panorama político de México se encuentra una vez más en agitación, esta vez debido a una inusual medida tomada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En un movimiento que ha captado la atención de la nación, la Administración anunció que presentará una denuncia ante el Poder Judicial contra el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar. Esta acción se basa en acusaciones presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, que sostiene que el ministro ha favorecido con su inacción a una empresa que adeuda 25.000 millones de pesos al fisco correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2013.
Este incidente adquiere mayor relevancia debido a que el ministro Aguilar ha estado en el centro de la controversia en los últimos días. En un contexto en el que el ciclo escolar está a punto de comenzar el 28 de agosto, el ministro ha otorgado dos recursos legales que han suspendido la distribución de los nuevos libros de texto para escuelas públicas en Chihuahua y Coahuila. La implementación de estos nuevos materiales ha sido objeto de críticas por parte de gobiernos y asociaciones civiles opositoras, que los han catalogado como «adoctrinadores» y «comunistas».
La decisión del Gobierno de llevar la denuncia ante el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia, la única instancia autorizada para abordar quejas contra sus miembros, ha generado un debate intenso en el ámbito político y judicial. La Procuraduría Fiscal ha acusado al ministro de dilatar la resolución de un expediente que involucra a una empresa evasora, a pesar de que esta cuenta con una «gran estructura corporativa» que ha empleado estrategias legales para posponer la emisión de una sentencia de pago de impuestos. La demora en este caso ha llevado a que no se puedan recuperar los 25.000 millones de pesos adeudados durante los últimos 13 años.
La actuación del ministro Aguilar ha sido cuestionada por el presidente López Obrador y el titular de la Procuraduría Fiscal. El mandatario ha señalado la aparente discrepancia en la rapidez con la que el ministro ha resuelto casos como el de la distribución de los libros de texto en Chihuahua y Coahuila, mientras que ha tardado ocho meses en resolver un asunto que podría permitir al Gobierno recuperar una suma significativa de dinero.
