Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida parte de la Reforma Electoral
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral con 9 votos a favor de los ministros de la corte. La propuesta consistía en invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que se violó el procedimiento legislativo.
Los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña votaron a favor de la declaración de la invalidez de la primera parte del Plan B.
Durante la sesión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa y la ministra Loretta Ortiz Ahlf se manifestaron en contra del proyecto, argumentando que no se debían invalidar compromisos del legislativo por respeto a la división de poderes.
El proyecto señala que existe una violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, ya que el Decreto combatido se aprobó sin observar las reglas del procedimiento legislativo, y la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no es la misma que se presentó para aprobación en la sesión del 6 de diciembre del 2022.
Por unanimidad, el pleno de la SCJN desechó la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de impedir al ministro Alberto Pérez Dayán votar en la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como el plan B, por una falta de imparcialidad.
Esta decisión de la SCJN es un revés para el gobierno federal, que había aprobado la reforma con la intención de cambiar la regulación de la publicidad oficial y fortalecer el control de la Secretaría de la Función Pública sobre las conductas de los servidores públicos.
La invalidez de esta parte de la reforma electoral, representa una victoria para la oposición y organizaciones civiles que habían advertido sobre la inconstitucionalidad de dichas reformas, y es un recordatorio importante de que el poder legislativo debe respetar los procedimientos y la deliberación democrática en todo momento.
