En un revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, por mayoría, el decreto que clasificaba a sus obras prioritarias como de seguridad nacional. Con los votos en contra de los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, el pleno de la SCJN determinó que el acuerdo vigente desde 2021 afecta el derecho a la información y las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Durante la sesión de este jueves, el ministro Javier Laynez Potisek afirmó que el acuerdo instruye de manera obligatoria a todas las secretarías a clasificar como de seguridad nacional todo aquello que no se menciona expresamente en el decreto. Esto, según el ministro, afecta las facultades reglamentarias del Inai y su capacidad para garantizar el acceso a la información.
La presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, destacó que la reserva de información debe ser excepcional y estar basada en los principios de transparencia y máxima publicidad establecidos en la Constitución. Además, señaló que la reserva debe realizarse caso por caso, con una prueba de daño previa y de manera fundada y motivada por parte del sujeto obligado.
Piña Hernández consideró que el decreto del presidente López Obrador genera una reserva de información anticipada y generalizada, excluyendo las obras y proyectos de la regla general de transparencia y máxima seguridad sin un análisis exhaustivo ni una prueba de daño previa. Además, coincidió en que el acuerdo impide que el Inai ejerza su facultad revisora sobre la información.
La ministra Margarita Ríos Farjat agregó que la norma impugnada genera opacidad y anula las mejores prácticas en materia de transparencia institucional. Asimismo, destacó la falta de claridad tanto para los servidores públicos involucrados como para la sociedad en general.
La decisión de la SCJN representa un revés para el presidente López Obrador y pone énfasis en la importancia de la transparencia y el acceso a la información en el ejercicio del poder público. Ahora, será necesario evaluar los efectos de esta invalidez y buscar alternativas que equilibren la seguridad nacional con los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas.
